En diciembre de 2016, cuando la empresa constructora brasilera Odebrecht S.A. reconoció el armado de un inmenso sistema de corrupción, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos describió como “el mayor caso de sobornos extranjeros en la historia”, se desató una ola de escándalos políticos en toda Latinoamérica.
Cayeron gobiernos, y algunos expresidentes y funcionarios de alto rango, además de los ejecutivos de Odebrecht, pasaron de transitar los pasillos del poder a dormir tras las rejas. En su confesión, la empresa dio detalles pormenorizados de sus delitos y aceptó cooperar con fiscales de la región, que se han comprometido a llevar a todos los involucrados ante la Justicia.
En su confesión, sin embargo, Odebrecht no contó la historia completa.
“División de Sobornos”, una nueva investigación llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), revela que esos pagos a cambio de contratos eran aún más grandes que lo admitido por Odebrecht, y que involucraban a destacadas figuras y enormes proyectos de obras públicas que no aparecen mencionados ni en las causas judiciales en trámite ni en ninguna otra investigación oficial hasta la fecha.
El nuevo hallazgo se desprende de la filtración de un enorme número de documentos y registros del “Departamento de Operaciones Estructuradas”, una división de Odebrecht creada básicamente con el propósito de manejar los sobornos que entregaba la empresa. Esos registros fueron obtenidos por la organización de noticias ecuatoriana La Posta, y luego compartidos con el ICIJ y 17 medios aliados en el continente americano. Las filtraciones revelan pagos secretos a lo largo y a lo ancho de toda la región, y que se van mucho más allá de lo informado públicamente hasta ahora. Entre otras cosas, lo registros revelan:
- Pagos secretos de Odebrecht por más de 39 millones de dólares vinculados con la construcción de la gigante central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina en República Dominicana. Las dos investigaciones oficiales previas sobre el proyecto, que informaron no haber encontrado hechos delictivos, no mencionan estos pagos.
- Diecisiete pagos por un total de más de 3 millones de dólares relacionados con un gasoducto en Perú. Entre los beneficiarios listados de esos pagos se encuentra una empresa propiedad de un político peruano que en una grabación no vinculada a este caso y difundida recientemente por un programa televisivo de Perú aparece complotando el asesinato de un adversario político.
- Emails donde se discuten los pagos secretos realizados por un banco propiedad de operarios de Odebrecht a empresas fantasma y relacionados con un contrato de 2.000 millones de dólares para la construcción de una red de subterráneos en Quito, capital de Ecuador. Los documentos no revelan quién recibió el dinero.
- Pagos relacionados con más de una docena de otros proyectos de infraestructura en países de toda la región, incluidos más de 18 millones de dólares vinculados a la red de subterráneos de la Ciudad de Panamá, y más de 34 millones de dólares relacionados con la Línea 5 de la red de subterráneos de Caracas, Venezuela.
Los pagos de Odebrecht a funcionarios públicos eran de tal escala que la empresa creó una división especial interna, el Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyo propósito básico era el manejo y pago de sobornos. Los archivos obtenidos por La Posta y el ICIJ contienen más de 13.000 documentos que esa unidad de Odebrecht almacenaba en una plataforma de comunicaciones secretas conocida como Drousys. Esos mismos registros también fueron obtenidos, de manera independiente, por el medio de prensa ecuatoriano Mil Hojas, que luego se sumó a este proyecto.
En Brasil, epicentro del escándalo, el expresidente por dos mandatos Luiz Inacio Lula da Silva –calificado alguna vez por Barack Obama como “el político más popular del planeta”–, cumple una larga condena en prisión por corrupción y negociados, incluidos delitos vinculados a Odebrecht. El 17 de junio de este año, la empresa Odebrecht anunció que presentaría ante la justicia un Procedimiento Preventivo de Crisis, para reestructurar su deuda de 13.000 millones de dólares y evitar la quiebra.
Hace más de cuatro meses que el ICIJ trabaja con más de 50 periodistas de 10 países en un análisis a fondo de los registros contables de ese “Departamento de Sobornos” de la empresa Odebrecht.
En un comunicado enviado al ICIJ, Odebrecht ratificó su compromiso de plena cooperación con las autoridades que investigan la corrupción vinculada a la empresa, y dijo que había entregado los documentos de Drousys a fiscales en los Estados Unidos y Brasil. “Odebrecht seguirá haciendo todos los esfuerzos ante las autoridades competentes en un régimen de colaboración irrestricto”, informó en su declaración.
La empresa no quiso responder sobre casos individuales.
¿Por qué parte de la historia permaneció oculta?
El escándalo Odebrecht es un imparable terremoto político que sacude a Latinoamérica.
Las revelaciones sobre pagos ilegales han tumbado gobiernos en Brasil y Perú y llevado al encarcelamiento de expresidentes de ambos países. Y a medida que se fueron descubriendo nuevos destinatarios de esos sobornos, los fiscales de toda la región han imputado a un creciente y constante número de funcionarios públicos y privados.
Pero las nuevas filtraciones dejan en claro que la red de corrupción de Odebrecht se extendía a muchos proyectos de obras públicas y a personalidades públicas que hasta ahora no habían sido alcanzados por la ley, lo que genera dudas sobre la total honestidad de la confesión de Odebrecht ante las autoridades y sobre la voluntad política de algunos fiscales para avanzar con los casos.
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, una agrupación anticorrupción de República Dominicana, dice que los negociados relacionados con el proyecto energético y la falta de respuesta del gobierno dominicano socavan la credibilidad de las instituciones políticas del país.
“En el país hay un sistema de complicidades para el enriquecimiento de una minoría, tanto del sector público como privado, basado en el empobrecimiento de la mayoría”, dice Pimentel. “Eso es lo que revela el caso Odebrecht.”
El desenmascaramiento de las prácticas corruptas de la empresa también ha causado agitación política, desatando la furia de los políticos del establishment y alimentando una creciente inestabilidad.
“Cuando todos los partidos tradicionales quedan deslegitimados, se abre espacio para la insurgencia de un populista”, dice Yascha Mounk, politólogo de la Universidad Johns Hopkins dedicado al estudio del declive global de la democracia liberal.
Cuando Lula da Silva quedó afuera de la contienda por la presidencia debido a su condena judicial, los votantes tomaron la crucial decisión de elegir al exmilitar ultraconservador Jair Bolsonaro, que hizo campaña despotricando contra las élites corruptas y que una vez dijo que la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985 debería haber asesinado a 30.000 personas más.
Las filtraciones también dejan al desnudo el rol que jugó el oscuro mundo de las finanzas offshore, que fue el que hizo posible el funcionamiento de la oficina de sobornos de Odebrecht. Si bien los beneficiarios de los sobornos eran casi todos de Latinoamérica, los pagos invariablemente se canalizaban a través de una secreta red de empresas y cuentas fantasma en paraísos fiscales.
Es alucinante pensar que esto funcionó durante tanto tiempo
– Shruti Shah, Coalición por la Integridad
Esas turbias entidades offshore canalizaban cientos de millones de dólares en pagos secretos, a través de empresas y bancos en países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, China, los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos, Panamá, y Antigua y Barbuda. En un caso, los pagos pasaron de Odebrecht a una empresa radicada en las Bahamas y de ahí a una con domicilio en República Dominicana, que luego compró un departamento de 2 millones de dólares en el centro de Manhattan.
En total, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2001 y 2016, la empresa Odebrecht pagó más de 788 millones de dólares en concepto de sobornos, que le reportaron unos 3.300 millones de dólares en ganancias mal habidas.
“Es alucinante pensar que esto funcionó durante tanto tiempo”, dice Shruti Shah, presidente y CEO de Coalición por la Integridad, una organización sin fines de lucro de la ciudad de Washington que impulsa mayores controles para frenar la corrupción empresarial y gubernamental.
El auge de Odebrecht
La empresa fue fundada en 1944 por Norberto Odebrecht, descendiente de inmigrantes alemanes llegados en el siglo XIX, en la ciudad portuaria de Salvador de Bahía, Brasil. El padre de Norberto Odebrecht había fundado anteriormente una empresa constructora que tuvo que cerrar por los altos precios de los materiales durante la época de la Segunda Guerra Mundial.
Las décadas pasaron y Odebrecht se fue convirtiendo en la empresa constructora más grande de Latinoamérica, de la que dependían los gobiernos de la región para la realización de sus grandes proyectos de obras públicas, desde autopistas hasta centrales eléctricas.
La empresa atribuye su éxito a un conjunto de elevados “principios, conceptos y criterios” elaborados por su fundador y a los que llama Tecnología Empresarial Odebrecht. Entre esos principios, señala la “Educación por el Trabajo”, la “Asociación entre los integrantes” y la “Confianza en las personas”. A lo largo de los años, la presidencia de la empresa fue cambiando de mano, pero siempre dentro de la familia Odebrecht, primero de Norberto a su hijo Emilio, en 1991, y luego a su nieto Marcelo, en 2009.
Bajo el liderazgo de Marcelo Odebrecht, un delgado ejecutivo de anteojos que alguna vez fue conocido como “El Príncipe”, los ingresos anuales de la empresa crecieron astronómicamente, de 17.500 millones de dólares en 2008, a 45.800 millones de dólares en 2014. Ganando licitaciones para la construcción de descomunales proyectos de obras públicas –entre ellos, un gasoducto en Perú por 7.000 millones de dólares, la central termoeléctrica de 2.000 millones de dólares en República Dominicana, y la red de subterráneos en Perú por 2.000 millones de dólares–, el grupo Odebrecht consolidó su posición como contratista dominante en Latinoamérica y como una de las mayores contratistas del mundo entero.
Odebrecht aprovechó sus estrechos vínculos con el influyente presidente brasilero Lula da Silva, cuyo gobierno recurrió a la empresa para la realización de proyectos de infraestructura que era parte de su agenda de desarrollo y de su ambicioso programa de lucha contra la pobreza.
Pero el vertiginoso crecimiento de la empresa bajo el mando de Marcelo Odebrecht también se vio potenciado por otro factor: los negociados a gran escala.
Las operaciones de sobornos de la empresa eran de tal magnitud que en 2006 la empresa creó una división especial para el manejo de esos pagos. El Departamento de Operaciones Estructuradas “funcionaba en los hechos como una oficina de sobornos”, según consta en una declaración de hechos que las autoridades hicieron de la empresa, y que Odebrecht reconoció como “cierta y exacta”, como parte del acuerdo de admisión de culpabilidad negociado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ninguno de esos pagos quedaba registrado en en los libros contables de la empresa y por lo tanto eran ilegales, como más tarde declararía ante los fiscales peruanos el extesorero de esa oficina, Fernando Migliaccio.
La compañía, sin embargo ha dicho que no todos los pagos de ese Departamento fueron sobornos.
“En esos sistemas hay registrados varios trabajos de la compañía”, declaró en julio de 2018 la filial de Odebrecht en Perú, en referencia al sistema Drousys y a otra plataforma usada por el Departamento de Operaciones Estructuradas que tampoco figura en los libros contables. “Eso no implica que en todos esos trabajos haya habido sobornos o corrupción.”
Así funcionaba la Oficina de Sobornos
El Departamento de Operaciones Estructuradas combinaba el sigilo de una organización delictiva con la burocracia de una gran corporación.
Para comunicarse en secreto, la oficina de sobornos elaboró el sistema Drousys, una plataforma por fuera de los libros contables que incluía el envío seguro de emails y mensajes instantáneos.
En esas comunicaciones, los empleados de Odebrecht y los destinatarios de los sobornos solo figuran bajo apodos, muchos de los cuales todavía no han sido descifrados. Los empleados tenían nombres en clave como “Gigo” y “Waterloo”, mientras que a los receptores de los sobornos se les solía adjudicar apodos más coloridos, como “Bambi”, “Robocop”, Darth Vader” y “Stalin”.
Esos registros incluyen discusiones abiertas y explícitas sobre cómo garantizar la confidencialidad del sistema. En una de esas cadenas de emails, los empleados de la empresa hablan de dividir un soborno multimillonario en pagos más chicos, para evitar despertar la sospecha de los bancos.
También se hallaron planillas de cálculo que rastrean el historial de pago de coimas de la oficina. Una de ellas consigna más de 600 pagos por un total de 230 millones de dólares, realizados entre fines de 2013 y fines de 2014.
Como luego revelarían las investigaciones penales, entre los tantos proyectos que esa oficina ayudó a encaminar para la empresa Odebrecht se encuentran la red de tránsito rápido de Lima, Perú, una represa en el estado de Michoacán, México, y un proyecto de la central hidroeléctrica en Ecuador.
El sistema de corrupción de Odebrecht fue finalmente desbaratado por los fiscales brasileros durante la famosa investigación por corrupción conocida como Operación Lava Jato. Lanzada en marzo de 2014, la pesquisa primero se enfocó en el lavado de dinero a través de pequeños negocios, como los lavaderos de automóviles, pero luego se expandió cuando el dinero sucio condujo a los investigadores al descubrimiento de un gigantesco complot de sobornos y licitaciones amañadas que involucraba a la petrolera estatal brasilera Petrobras y al grupo privado Odebrecht.
En junio de 2015, los funcionarios de la justicia brasilera que investigaban sobornos, licitaciones amañadas y sobreprecios en contratos con el Estado, arrestaron a Marcelo Odebrecht, y en marzo de 2016, un tribunal brasilero lo condenó a 16 años de prisión, sentencia que luego fue reducida y convertida en arresto domiciliario a cambio de su cooperación con las autoridades.
En diciembre de 2016, la empresa Odebrecht llegó a un acuerdo de aceptación de responsabilidades con los fiscales de Brasil, pero también con los de Estados Unidos y Suiza, ya que ambos países se sumaron a la causa tras descubrir que los pagos ilegales de la empresa habían pasado por bancos suizos y estadounidenses. La empresa logró evitar el juicio tras aceptar dar una detallada declaración pública de sus delitos y acordar el pago de una multa de 2.600 millones de dólares.
Esa “declaración de hechos” de 23 páginas describe en detalle cómo fue creado el Departamento de Operaciones Estructuradas y con qué propósito. La empresa admitió que esa oficina canalizaba fondos no registrados en los libros a través de empresas y bancos offshore en paraísos fiscales, a veces utilizando contratos ficticios para encubrir sus operaciones. Al final, ese dinero se usaba para sobornar a políticos, funcionarios públicos y partidos políticos.
Como parte de las revelaciones a las que se comprometía en su acuerdo con la justicia, Odebrecht le entregó a los fiscales una gran cantidad de documentos, entre ellos, planillas de cálculo con un seguimiento de los pagos secretos, declaraciones de las cuentas en bancos offshore, emails, registros de transacciones, contratos y registros informáticos, todos almacenados en su sistema Drousys.
Las revelaciones de Odebrecht desataron una ola de indignación y malestar en toda Latinoamérica. El arresto del expresidente Lula da Silva por cargos relacionados con la causa Odebrecht produjo fuertes enfrentamientos entre sus seguidores y sus detractores en las calles de Brasil. En República Dominicana, los manifestantes anticorrupción del Movimiento Verde exigieron el fin de la impunidad para los políticos involucrados con Odebrecht.
Los acuerdos de cooperación y las confesiones resultaron en causas judiciales de alto perfil. El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas está preso, tras haber sido condenado por recibir sobornos de Odebrecht. El expresidente peruano Ollanta Humala enfrenta cargos por corrupción que podrían resultar en una condena a 20 años de prisión.
En abril de 2019, la policía llegó con una orden de arresto derivada del caso Odebrecht a la casa del predecesor de Humala, el expresidente peruano Alan García. Cuando intentaron arrestarlo, García se encerró en su dormitorio, sacó un arma y se suicidó.
Los fiscales han dicho que el caso Odebrecht es un hito en la lucha contra la corrupción pública en Latinoamérica y a nivel global.
En una declaración en la que anunciaba en el acuerdo de colaboración de Odebrecht, el entonces fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nuevo York, Robert L. Capers dijo que “El mensaje enviado por esta fiscalía es que Estados Unidos, en colaboración con sus colegas de las fuerzas de la ley del extranjero, no dudarán en responsabilizar a aquellas corporaciones e individuos que busquen enriquecerse a través de la corrupción de las legítimas funciones de gobierno, sin importar cuán sofisticado sea el sistema que utilizan para hacerlo.”
La letra chica
Pero resultó ser que el amplio acuerdo de colaboración de Odebrecht con Brasil, Estados Unidos y Suiza tenía límites significativos.
De hecho, a Odebrecht no se la obligó a contar todo. En su detallada exposición de los hechos, por ejemplo, la empresa revela cuánto pagó en total en sobornos en toda la región, pero no especifica a qué proyectos iban destinados esos sobornos ni quién los había recibido.
Los fiscales de otros países están trabajando con las autoridades brasileras para reunir pruebas y algunos han presentado cargos contra políticos y otras personas implicadas en el sistema de Odebrecht. Mientras tanto, la empresa y sus ejecutivos están negociando acuerdos de inmunidad o de reducción de la pena a cambio de cooperación. Hasta el momento, ya se firmaron acuerdos de colaboración premiada en Perú, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guatemala, junto con los de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Una de las condiciones de esos acuerdos es que los países se comprometen a no procesar a los ejecutivos de Odebrecht que ya se declararon culpables y firmaron acuerdos de cooperación con la justicia de Brasil.
Según los analistas, sin embargo, mucho depende de que los gobiernos tengan la voluntad política y los recursos para investigar y llevar a juicio esos delitos. Las operaciones de sobornos de Odebrecht alcanzaron los más altos niveles de la política y la sociedad en toda la región, y cada país respondió de manera muy diferente. Durante los dos últimos años, por ejemplo, los fiscales de Perú han enviado 68 pedidos de informes a las autoridades brasileras, mientras que los fiscales dominicanos solo han enviado tres.
El economista dominicano
Resta mucho por descubrir sobre el entramado de empresas, acuerdos de consultas y servicios, y cuentas bancarias secretas utilizados por la oficina de sobornos de Odebrecht.
Pero hay algo que queda claro: los archivos Drousys de esa oficina contienen los nombres de muchas importantes figuras que ocupan cargos de responsabilidad y que nunca fueron abiertamente cuestionados por sus relaciones con Odebrecht, hasta ahora…
Andrés Dauhajre es un conocido miembro de la dirigencia política dominicana.
Dauhajre es un economista de anteojos y pelo entrecano que escribe una columna semanal en el diario El Caribe. Integró una delegación de líderes empresarios que acompañaron al presidente dominicano Danilo Medina en su visita de Estado a China, en noviembre pasado.
El economista también preside la Fundación Economía y Desarrollo, una consultora económica que suele obtener contratos con el Estado dominicano y que tiene su sede en Santo Domingo, capital del país.
A fines de 2013, cuando la empresa de servicios públicos dominicana ofrecía un contrato para la construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina, una planta de 770 mega watts sobre las costas del Caribe, recurrió a la consultora de Dauhajre, entre otras dos, para evaluar las propuestas de los ofertantes.
Para entonces, el organismo de servicios públicos ya había descalificado a varios ofertantes, argumentando pobreza técnica en sus presentaciones, y el único candidato en pie para el trabajo era un consorcio empresarial liderado por Odebrecht.
De todos modos, para alzarse con el contrato, Odebrecht seguía necesitando que aprobaran su oferta económica y su plan de financiamiento. Dauhajre y otros consultores aprobaron su plan, y a Odebrecht se le otorgó un contrato por más de 2.000 millones de dólares, cientos de millones más que algunas de las ofertas de sus competidores desplazados.
Cuando el escándalo de Odebrecht estalló en toda Latinoamérica, la empresa admitió frente a los fiscales, en diciembre de 2016, que sus pagos ilegales incluían 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana. De inmediato, el proyecto de Punta Catalina quedó bajo un manto de sospecha.
Entonces fue nombrada una comisión para investigar el contrato, presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, un influyente hombre de la Iglesia dominicana. Entre los testigos citados por la comisión se encontraba Dauhajre.
El 5 de febrero de 2017, tres días después de su testimonio, Dauhajre rechazó indignado las sospechas de que el contrato de Odebrecht estuviese inflado.
“La supuesta sobrevaluación de Punta Catalina es la mentira mejor mercadeada en los últimos años en la República Dominicana”, escribió Dauhajre en su columna en El Caribe, uno de sus varios artículos periodísticos en los que defiende públicamente la construcción de la planta y su financiamiento. En esas columnas, Dauhajre no menciona ninguna relación financiera entre él y la empresa Odebrecht.
Finalmente, la comisión no encontró pruebas de irregularidades en la licitación o el financiamiento de la planta, y le regaló una importante victoria a Odebrecht. En su presentación de cargos contra 7 acusados en el caso Odebrecht, en junio de 2018, el fiscal general de República Dominicana dijo haber llegado a una conclusión similar, y que su equipo había investigado a fondo el caso de Punta Catalina, sin encontrar evidencia alguna de corrupción.
Los libros contables del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht muestran decenas de pagos que parecen habérseles escapado a los investigadores, ya que no tuvieron acceso a los registros ahora obtenidos por el ICIJ.
Una planilla de cálculo que consigna los pagos ocultos de la oficina entre fines de diciembre de 2013 y fines de diciembre de 2014 revela 62 pagos por un total de 39 millones de dólares, relacionados con una “Planta Termo” o “Planta Termoeléctrica”. Cinco de esos pagos, por un valor total de 3,3 millones de dólares, fueron a parar a una empresa llamada Baker Street Financial Inc.
La planilla consigna que al menos dos de los pagos a Baker Street pasaron por una empresa radicada en Bahamas, Fincastle Enterprises Ltd., que aparece mencionada por los fiscales de Perú como uno de los vehículos para los sobornos de Odebrecht. Esos pagos se realizaron en mayo y julio de 2014, varios meses después de que aprobaran el plan de financiamiento presentado por Odebrecht.
El 7 de diciembre de 2015, Baker Street Financial pagó más de 2 millones de dólares por un departamento en el piso 12 de un elegante edificio vidriado en el lujoso centro de Manhattan, justo a la vuelta del célebre restaurante francés “Le Bernardin”.
Los registros de la ciudad de Nueva York sobre la venta de ese inmueble incluyen una escritura de propiedad firmada por el único director de Baker Street Financial: Andrés Dauhajre.
Ante la consulta del ICIJ, Dauhajre respondió que los pagos que recibió de Odebrecht fueron por los servicios de asesoría que le brindó a la empresa en conexión con la central eléctrica. Dauhajre dice que Odebrecht contrató sus servicios a principios de 2014, después de que unas de las principales fuentes de financiamiento que se esperaba apoyaría el proyecto, el Eximbank (Export-Import Bank of the United States), se retiró debido a una directiva del entonces presidente norteamericano Obama de no financiar centrales termoeléctricas alimentadas con carbón por sus consecuencias sobre el cambio climático.
Dauhajre dice haber ayudado a Odebrecht a encontrar fuentes de financiamiento alternativas para el proyecto, y que fue Odebrecht la que propuso a Fincastle Enterprises para canalizar el pago por sus servicios.
“Baker Street Financial Inc. prestó de manera exitosa y efectiva el servicio de asesoría solicitado por Odebrecht durante los años 2014 y 2015”, manifiesta Dauhajre en una carta enviada al ICIJ. “Ese servicio de estructura financiera fue el que generó la remuneración pagada.”
El elenco se agranda
Los archivos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht involucran a un entramado de funcionarios públicos y prominentes ciudadanos que hasta el momento no habían sido conectados con los pagos ocultos de la empresa.
Uno de esos funcionarios es Constantino Galarza Zaldívar, quien en octubre pasado fue elegido vicegobernador de Callao, la provincia donde se encuentra el principal puerto de Perú. A fines de 2014, la empresa panameña CGZ Ingeniería Corp. recibió dos pagos por un total de 240.000 dólares relacionados con un gasoducto peruano, según revelan los registros del sistema Drousys. Galarza, cuyas iniciales son CGZ, es presidente y director de CGZ Ingeniería, según datos del Registro Público de Panamá.
Según su perfil en Linkedln, Galarza también se desempeñó durante años como gerente general de la compañía, incluida la época en la que se recibieron los pagos. CGX Ingeniería ofrece servicios de ingeniería, inteligencia empresarial, y relaciones legales, financieras e institucionales, con oficinas en Lima, panamá, Colombia y Madrid, según muestra el perfil de Linkedln de Galarza.
Hasta ahora Galarza no había sido vinculado con la oficina de sobornos de Odebrecht. Su nombre surgió en marzo, en conexión con otra controversia. En un audio difundido en el programa de noticias de la televisión peruana “Panorama”, se escucha a Galarza complotar para asesinar a su jefe, Dante Madriotti, gobernador de Callao.
En esa grabación, Galarza discute los planes del golpe contra Mandriotti con un cómplice desconocido, diciendo que para hacer el trabajo haría falta “un profesional de alto nivel de México o Colombia”. “Le tienen que meter harta bala”, dice Galarza textualmente en la grabación.
Tras la difusión del audio, Mandriotti solicitó a los fiscales que acusen a Galarza por conspiración, intento de homicidio, y otros cargos. Los fiscales de Callao señalaron que investigarían el caso.
En conferencia de prensa, Galarza admitió que la voz que se escucha en la grabación es la suya, pero dijo que había hablado en un momento de furia, sin intención de concretar el asesinato.
En una primera conversación telefónica con una periodista de ICIJ el 21 de junio, Galarza negó haber tenido negocios vinculados con Odebrecht o el Gasoducto Sur. Luego, en una entrevista el 24 de junio, Galarza dijo que su empresa fue pagada por asesoría financiera relacionada indirectamente con el gasoducto. Dijo que su empresa fue contratada por una constructora de la India, ECI Engineering & Construction Company Ltd, que estaba trabajando en un gasoducto para líquidos que se iba a construir paralelo al Gasoducto Sur. El segundo gasoducto, dijo Galarza, fue un proyecto privado también liderado por Odebrecht. Dijo que su empresa no fue pagada por Odebrecht directamente y que el gasoducto paralelo al final no fue construido.
En la entrevista, Galarza también cuestionó el audio en el cual habló del asesinato de Mandriotti. Dijo que algunas partes del audio eran auténticas, pero que otras secciones eran falsas y probablemente manipuladas.
El alcance del Departamento de Operaciones Estructuradas se extendía por toda Latinoamérica. Los archivos consignan un pago de enero 2014 por 200.000 dólares a una empresa panameña llamada El Facilitador Holding, relacionada con un proyecto de obras públicas al que los registros de la oficina se refieren como “LE LM”. Aún no queda claro a qué se refiere esa sigla ni para qué se hizo ese pago.
El presidente y director de El Facilitador es José Luis Saca, un ejecutivo de la radio salvadoreña. Desde 2015, Saca preside la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR-IAB), un grupo que representa a unas 17.000 emisoras de radio y televisión del continente americano.
Saca, quien en su carácter de presidente de AIR-IAB asesora a las Naciones Unidas en temas de medios de comunicación, viaja por Latinoamérica promoviendo la libertad de prensa.
Saca no respondió a la solicitud periodística de comentario del ICIJ, que incluyó el envío de emails, llamadas telefónicas, una carta enviada a la AIR-IAB, y una carta entregada en mano en Radio Corporación, la empresa de radio salvadoreña de la que Saca es vicepresidente.
Proyectos no revelados
Un viernes por la mañana, en la sala de espera del doctor Robert Reid Cabral en el Hospital de Niños de Santo Domingo, unas 50 personas –mayormente bebés, niños, y sus preocupados padres–, esperaban sentados en sillas oxidadas para ver a un doctor. En la habitación hacía calor. El llanto de los niños era constante, más o menos fuerte en diferentes partes de la sala.
Pimentel, de Participación Ciudadana, dice que esas familias son las verdaderas víctimas del tipo de corrupción practicada por Odebrecht. Mientras los gobiernos dilapidaban dinero en contratos públicos inflados y amañados, los servicios públicos básicos pasaban hambre.
Si bien no es posible atribuir hechos específicos a los efectos de la corrupción, las cifras en dólares involucradas son inmensas y los riesgos, muy altos. En 2014, por ejemplo, a través de los pagos ocultos que realizaba su Departamento de Operaciones Estructuradas, la empresa Odebrecht podría haberse alzado con miles de millones de dólares en contratos para la construcción de la planta de energía de Punta Catalina y otros proyectos. Ese mismo año, el Hospital de Niños dominicano se quedó sin reservas de oxígeno y murieron 11 niños: el hospital estaba fuertemente endeudado con sus proveedores.
“Lo que se pierde a causa de la corrupción es que el Estado dominicano no puede invertir en políticas públicas que garanticen los derechos de la gente”, señala Pimentel.
República Dominicana es uno de una media docena de países en donde los proyectos de infraestructura ahora quedaron vinculados por primera vez en el sistema de corrupción de Odebrecht.
El proyecto más importante de la empresa en Ecuador era una red de subterráneos para la ciudad de Quito, capital del país, situada a gran altitud y donde viven más de 1,5 millones de personas. El presupuesto de construcción del proyecto superó los 2.000 millones de dólares. Se espera que esa red de 14 kilómetros de extensión, cuya inauguración está prevista para diciembre, transportará a hasta 530.000 pasajeros por día.
Cuando el esquema internacional de sobornos de Odebrecht salió a la luz, los fiscales ecuatorianos lanzaron una investigación para saber si las obras de la empresa en el Metro de Quito estaban manchadas por sobornos. En marzo de 2018, tras más de un año de ahondar en el caso, los fiscales cerraron la investigación, diciendo que no había evidencias que sustentaran los cargos.
La revelación de los archivos de la oficina de sobornos de Odebrecht podría impulsar la reapertura de las investigaciones.
En el sistema de emails Drousys, empleados de Odebrecht con los nombres clave de “Silver”, “Fred” y “Wilson”, hablan de pagos relacionados con el Metro de Quito que fueron canalizados a través de su oficina. En julio de 2015, por ejemplo, Silver le pregunta a Fred si se había efectuado el pago para el Metro y si se había hecho a través del Meinl Bank, un banco cuya filial en Antigua y Barbuda había sido adquirida por operarios de Odebrecht en 2010 para facilitar los sobornos, según los fiscales. Fred responde afirmativamente.
“El pago del Metro también se realizó a través de Meinl”, escribe Fred en su email de respuesta a Silver.
El mensaje señala que el pago fue hecho a través de la empresa Fortress Investors Ltd., que aparece mencionada repetidamente en los archivos de la oficina de sobornos como uno de los conductos para realizar pagos. Los registros no dicen quién recibió esos pagos secretos ni con qué objetivo se hicieron.
Mauricio Rodas, el ex-alcalde de Quito cuya administración aprobó el contrato de Odebrecht, dijo a una periodista de ICIJ que Odebrecht fue seleccionada solo porque había hecho la oferta más económica, y que el proyecto iba a transformar la movilidad en Quito.
Los archivos Drousys que se filtraron incluyen otros pagos secretos relacionados con proyectos que hasta ahora no habían sido vinculados con el escándalo de Odebrecht. El Gasoducto Sur, un tendido de gas en el sur de Perú y el proyecto más importante del gobierno del expresidente Ollanta Humala, aparece mencionado en conexión con 17 pagos de 2014 por un total de más de 3 millones de dólares.
En mayo de este año, un fiscal peruano llamó a indagatoria a Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por supuesto lavado de dinero proveniente de Odebrecht. Hasta ahora, los pagos relacionados con el gasoducto de 7.000 millones de dólares no habían sido revelados por Odebrecht.
La Ruta Viva, una autopista de conexión entre Quito y el principal puerto de Ecuador, no es mencionada en las acusaciones de los fiscales ecuatorianos, pero su nombre sí aparece en este nuevo tesoro de documentos filtrados, en conexión con un pago de octubre de 2012 por 915.000 unidades de una moneda no especificada, unos meses después de que la ciudad le otorgara a Odebrecht el contrato de construcción de esa ruta. Los documentos ahora filtrados no revelan quién recibió ese pago secreto.
El sistema de tránsito rápido de la Ciudad de Panamá, el primero en ese país, y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, de dicha capital, ahora aparecen vinculados por primera vez con millones de dólares en pagos ocultos realizados en 2014.
En Venezuela, surgen nuevos detalles que revelan más de 34 millones de dólares en pagos ocultos del año 2014, vinculados con la Línea 5 del Metro de Caracas, del cual solo se ha construido una de las diez estaciones previstas.
No queda claro por qué los pagos ocultos encontrados en los archivos Drousys no han salido a la luz en las investigaciones de la justicia. En respuesta a la solicitud periodística de comentario del ICIJ sobre por qué no había actuado ante las revelaciones de los pagos asociados con la República Dominicana, la oficina del fiscal general dominicano se comunicó con el ICIJ para solicitarle que le envíe cualquier documento relevante para las investigaciones que se sustancian en ese país.
“Despierta el interés de este órgano persecutor el hecho de que el Consorcio de Periodistas tenga en su poder información relevante para una investigación de naturaleza penal”, escribió la fiscal anticorrupción Laura María Guerrero en su carta al ICIJ. “Los conminamos a depositar ante el Ministerio Público dominicano los documentos que sustenten estos alegatos.”
(La política de ICIJ es no colaborar o compartir materiales con los organismos judiciales.)
Jessica Tillipman, vicedecana de la Escuela de Leyes de la Universidad George Washington y especializada en contratos de gobierno gubernamentales y cuestiones anticorrupción, dice que esos pagos podrían ser objeto de investigaciones penales que se encuentran en curso, o que Odebrecht tal vez haya argumentado exitosamente que esos pagos no violaban la ley.
Si Odebrecht, por la razón que sea, retuvo información sobre sus delitos antes las autoridades, las consecuencias podrían ser nefastas para la empresa. “Si el gobierno lo descubre post facto, eso haría volar por los aires los términos del acuerdo que firmó la empresa”, dice Tillipman.
Pimental, el activista anticorrupción, dice que el fracaso de los fiscales para llevar ante la justicia los delitos relacionados con proyectos como el de Punta Catalina revela la poca voluntad política por saber la verdad que existe en un país donde las élites política y económica están estrechamente interconectadas.
Hace mucho tiempo que los ciudadanos saben que la corrupción y la impunidad son problemas graves, dice Pimentel, pero el caso Odebrecht ha revelado que esa corrupción alcanzaba los más altos niveles de gobierno. Y agrega que los magros resultados de las investigaciones oficiales demuestran la permanente incapacidad del gobierno para sacarse el estigma de Odebrecht.
“El caso Odebrecht”, dice Pimentel, “sirvió para desnudar la institucionalidad de la Republica Dominicana.”
(Traducción de Jaime Arrambide)
Colaboradores: Andersson Boscán, Mónica Velasquez, Alicia Ortega Hasbún, Romina Mella Pardo, Mónica Almeida, Emilia Diaz-Struck, Dean Starkman, Tom Stites, Joe Hillhouse, Richard H.P. Sia, Fergus Shiel, Margot Williams, Delphine Reuter, Mary Triny Zea, Joseph Poliszuk, Milagros Salazar, Gustavo Gorriti, Ben Wieder, Kevin Hall, Jimmy Alvarado, Amy Wilson-Chapman and Hamish Boland-Rudder.
