TALCAHUANO (Chile) — Eric Pineda se asomó a la bodega del Achernar y sólo vio diez míseras toneladas de jurel después de haber estado faenando durante cuatro días. Hace un par de décadas, las aguas del Pacífico Sur eran tan ricas en pescado que se podía llenar ese barco de casi 18 metros de eslora en apenas unas horas.
Este agente marítimo, como cualquier otro habitante de esta vieja ciudad portuaria de Talcahuano situada al sur de Santiago, creció conviviendo con ese pescado lleno de espinas y de tonos bronce llamado jurel chileno, una especie que deambula agrupado en bancos por las aguas del Pacífico Sur.
“Se está acabando muy rápido”, admitió Pineda, “tenemos que pescar lo más posible antes de que se agote todo”. Cuando se le pregunta qué le dejará a su hijo, se encoge de hombros: “Tendrá que buscar otra cosa”.
Pero, ¿queda algo por buscar?
El jurel, rico en ácidos grasos, es un verdadero maná para un planeta hambriento, un producto de primera necesidad en África. En otros lugares, la gente lo come sin darse cuenta, ya que la mayoría del jurel capturado se transforma en harina de pescado para ser consumido en la acuicultura y en las granjas de cerdos. Se necesitan alrededor de cinco kilos de jurel para producir un kilo de salmón de criadero.
En tan sólo dos décadas, el stock de jurel ha caído en picada: de unas 30 millones de toneladas a menos de tres millones en la actualidad. Los barcos arrastreros más grandes del mundo, después de haber esquilmado otros océanos, ahora ponen rumbo hacia las aguas cercanas a la Antártida para disputarse lo poco que queda.
Un trabajo realizado en ocho países por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre la industria pesquera en el Pacífico Sur revela por qué el estado crítico en el que se encuentra el humilde jurel presagia de forma clara el alarmante y progresivo deterioro de las especies marinas en todos los océanos.
El caso del jurel es reflejo de un panorama mundial desolador: décadas de pesca sin controles fomentada por rivalidades geopolíticas, corrupción, mala gestión e indiferencia de la ciudadanía.
Daniel Pauly, eminente oceanógrafo de la Universidad de Columbia Británica, ve en la grave situación del jurel del Pacífico Sur una señal de alarma. “Éste es como el último de los búfalos” contó al ICIJ en referencia a la época de la colonización de Norteamérica. “Cuando se haya ido, entonces todo lo demás habrá desaparecido con él… Marcará el final de los territorios conquistables”, añadió Pauly. La pesca será una cosa del pasado.
Grandes flotas pescan sin control
Delegados de al menos 20 países se reunirán en Santiago la próxima semana, 30 de enero, para intentar avanzar en el difícil objetivo de frenar el saqueo de los recursos del Pacífico Sur.
La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (más conocida por sus siglas en inglés, SPRFMO) se fundó en 2006 gracias a la iniciativa conjunta de Australia, Nueva Zelanda y Chile, un país éste último que suele evitar su participación en los organismos internacionales de pesca.
Su propósito original era proteger el estatus de las pesquerías, particularmente la del jurel. Sin embargo, hicieron falta casi cuatro años para que 14 países adoptaran 45 artículos provisionales que respondieran a ese plan. Hasta la fecha, sólo seis países han ratificado el acuerdo.
Entretanto, las flotas industriales, sólo sujetas a restricciones voluntarias, se afanan por pescar lo más posible en los confines del mundo.
Los científicos calculan que entre 2006 y 2011 la población de jurel disminuyó un 63 por ciento.
La convención de la SPRFMO necesita ocho firmas para ser vinculante, incluida la de un Estado costero sudamericano. Chile, que en un primer momento fue determinante para constituir el grupo, aún no la ha ratificado.
En sus comienzos, la SPRFMO decidió que en el futuro asignaría cuotas anuales para los Estados miembros en función del tonelaje de arqueo bruto de los barcos desplegados por cada uno de los países entre 2007 y 2009.
Con el fin de aprovecharse de esa decisión, varias flotas pesqueras se dirigieron a toda máquina hacia las aguas del Pacífico Sur. Los barcos de arrastre chinos llegaron en masa, así como lo hicieron otros procedentes de Asia, Europa y Latinoamérica.
Uno de los primeros en llegar fue el que por aquel entonces era el mayor barco pesquero del mundo, el Atlantic Dawn, un buque de 14.000 toneladas construido para armadores irlandeses. La empresa holandesa Parlevliet & Van der Plas lo compró y le dio el nombre de Annelies Ilena. Este tipo de “super arrastreros” capturan jurel con redes que al desplegarse superan los 25 metros de anchura por 80 de longitud. Cuando las redes son recogidas, el pescado es introducido en la bodega mediante tubos succionadores similares a aspiradoras gigantes.
Gerard van Balsfoort, presidente de la Asociación de Grandes Arrastreros Congeladores de Pelágicos (PFA, por sus siglas en inglés), con sede en Holanda y que representa los intereses de nueve compañías y 25 barcos de bandera europea, confirmó algo obvio: los holandeses, al igual que el resto, fueron a marcar territorio. “Era una de las pocas zonas a las que podías acceder libremente”, admitió Van Balsfoort. A lo que añadió: “Parecía evidente que una gran cantidad de barcos iba a tomar rumbo sur, pero no había otra opción. Si te retrasabas en tomar la decisión de ir allí, te podían cerrar la puerta”.
En 2010, la SPRFMO contabilizó 75 barcos faenando en el área de su competencia.
La frenética carrera por pescar jurel también atrajo el interés de uno de los mayores actores del mercado mundial, la empresa con sede en Hong Kong Pacific Andes International Holdings: PacAndes.
Esa compañía invirtió 100 millones de dólares en 2008 en transformar un petrolero de 228 metros de eslora y de cerca de 50.000 toneladas de peso en un buque factoría.
El Lafayette, de bandera rusa, tiene una longitud superior a dos campos de fútbol americano juntos. Succiona el pescado con una manguera gigante de barcos de arrastre auxiliares encargados de las capturas, para más tarde congelarlo en bloques. Luego, buques congeladores lo transportan a puertos de todo el planeta.
Si operase todos los días, el Lafayette por sí solo tendría la capacidad técnica de procesar a bordo 547.000 toneladas de pescado al año.
En septiembre de 2011, los científicos de la SPRFMO llegaron a la conclusión de que una captura anual por encima de las 520.000 toneladas podría dañar aún más el stock de jurel.
Cristian Canales, científico del centro chileno de investigación pesquera Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), manifestó que un límite de capturas más seguro sería de 250.000 toneladas. Algunos expertos discrepan y dicen que la única forma de recuperar esa pesquería es la implementación de una veda total durante cinco años.
Una sobrepesca subvencionada
El Trachurus murphyi o jurel chileno se captura al oeste de Chile y Perú, a lo largo de una franja costera de 6.600 kilómetros, hasta aproximadamente 120 grados de longitud, a mitad de camino con Nueva Zelanda.
Pertenece la familia de los pequeños pelágicos, vitales como fuente de alimentación para las especies predadoras más grandes. Sus bancos se localizan en amplias zonas de aguas abiertas, donde comen plancton y pequeños organismos.
El jurel representa un tercio del total de las capturas mundiales.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que la flota pesquera mundial “es dos veces y media mayor de lo necesario”. Esa estimación fue publicada en un informe de 1998. Desde entonces, la capacidad pesquera de las flotas se ha incrementado aún más. Si una pesquería no está convenientemente regulada, pueden esquilmarla rápidamente.
Según afirman los expertos, esa sobrecapacidad se ha visto potenciada por los subsidios estatales, especialmente en Europa y Asia.
Un prestigioso informe realizado por Rashid Sumaila, en colaboración con el oceanógrafo Pauly y otros científicos de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), estimó que los subsidios totales mundiales en el año 2003 ─últimos datos disponibles─ alcanzaron un valor de entre 25.000 y 29.000 millones de dólares.
El trabajo demostró que entre el 15 y el 30 por ciento de los subsidios estaba destinado a sufragar el combustible que permite a las naves faenar en todos los rincones del planeta. Otro 60 por ciento costeó la construcción y modernización de embarcaciones.
El estudio calculó que las subvenciones concedidas por China alcanzaban los 4.140 millones de dólares y las de Rusia los 1.480 millones.
Un informe publicado en diciembre de 2011 por la organización ecologista Greenpeace critica con dureza a la PFA, la asociación con sede en Holanda que representa al barco Annelis Ilena. El documento revela que, desde 2006 a 2011, las empresas de la PFA se beneficiaron con exenciones fiscales para combustible cuyo monto anual osciló entre 20,9 y 78,2 millones de euros.
El informe, elaborado por un consultor independiente para Greenpeace, señalaba que, conforme a un cálculo conservador, las ganancias anuales medias de la PFA cercanas a 55 millones de euros serían de tan sólo siete millones sin la ayuda del contribuyente. Haciendo una estimación más liberal, la PFA habría perdido anualmente 50,3 millones de euros.
Los fondos de la Unión Europea ─co-financiados por Alemania, Reino Unido y Francia─, ayudaron a la PFA a construir o modernizar 15 barcos de arrastre, aproximadamente la mitad de su flota.
Según datos oficiales de la Comisión Europea obtenidos por el portal fishsubsidy.org, el arrastrero Helen Mary de la PFA, que empezó a faenar en el Pacífico Sur en 2007, recibió 6,4 millones de euros en subvenciones entre los años 1994 y 2006, más que ningún otro barco pesquero de la UE.
Van Balsfoort, el presidente de la PFA, no puso en duda esas cifras publicadas, pero defendió que las exenciones fiscales al combustible son algo rutinario en la industria pesquera. A su vez, señaló que el Helen Mary y un barco gemelo eran arrastreros de la extinta Alemania oriental que presentaban un estado ruinoso y que fueron reconstruidos gracias al entusiasmo germano surgido tras la reunificación.
Según la regulación internacional, los barcos pueden pescar libremente en zonas marítimas no regidas por acuerdos ratificados. Aún así, la Unión Europea exige a los pesqueros de sus estados miembros que acepten las medidas interinas adoptadas por la SPRFMO como si fueran legalmente vinculantes. Además, los países de la UE están obligados a repartirse la cuota anual colectiva para la pesquería del jurel. Sin embargo, algunos armadores encuentran el modo de sortear la normativa vigente.
Por ejemplo, Unimed Glory, una filial de la compañía griega Laskaridis Shipping, opera tres barcos de arrastre en el Pacífico Sur. La empresa armadora está en Grecia, país miembro de la UE. Pero al estar abanderados en el archipiélago de Vanuatu, ubicado en el Pacífico Sur, escapan al control de Bruselas y pueden extraer mayor cantidad de jurel que lo que les permitiría una participación en la cuota europea total.
El noruego Per Pevik, director de Unimed Glory, dijo al ICIJ que debido a que Vanuatu no cumple con los estándares sanitarios exigidos por la UE, su pescado no puede ser vendido en Europa. Así que comercializa su jurel en África. Preguntado si las autoridades europeas habían planteado alguna objeción a sus banderas de Vanuatu, respondió: “No, no me molestan con esta cuestión”.
Los transbordos de pescado en alta mar también frustran la posibilidad de un control efectivo. Una vez que el pescado es descargado en grandes buques congeladores, su verdadero origen puede ser ocultado.
En el Pacífico Sur, las flotas industriales cada vez encuentran menos jurel tras años de pesca sin control. Los pesqueros abanderados con pabellones de países de la UE extrajeron más de 111.000 toneladas de jurel en 2009; al año siguiente, los barcos capturaron un 40 por ciento menos de pescado; en 2011, reportaron tan sólo 2.261 toneladas.
Echando la vista atrás, el presidente de la PFA, Van Balsfoort, admitió que el jurel tiene ciclos biológicos y que los barcos sobreexplotaron el recurso en un momento en que la población se encontraba vulnerable. “Pescamos demasiado… Toda la flota tiene que sentirse culpable por ello”, reconoció el ejecutivo holandés incluyendo en la acusación a la PFA.
En el interior de PacAndes
La estructura empresarial de PacAndes es como un rompecabezas. Su barco de 50.000 toneladas brutas, el Lafayette, está registrado en Moscú en Investment Company Kredo y enarbola la bandera rusa. Kredo ─por medio de otras cuatro empresas subsidiarias─ pertenece a China Fishery Group, compañía registrada en Singapur, la cual, a su vez, está inscrita en las Islas Caimán.
China Fishery y Pacific Andes Resources Development son propiedad de Pacific Andes International Holdings, con sede en Hong Kong, pero bajo el paraguas de otro holding constituido en Bermudas.
PacAndes, compañía que cotiza en la bolsa de Hong Kong, tiene más de 100 subsidiarias bajo el control de sus numerosas divisiones. Pero su red mundial, parcialmente impenetrable, incluye muchas otras filiales.
Uno de sus mayores inversores es Carlyle Group, de EEUU, que en 2010 compró acciones por un valor de 150 millones de dólares.
China Fishery Group publicó un aumento del 27,2 por ciento en los ingresos del ejercicio de 2011. De los 528,9 millones de dólares en 2010 pasó a 685,5 millones. Esta cifra representa el 55 por ciento de los ingresos de PacAndes. La compañía lo atribuyó a operaciones más rentables de la flota del Pacífico Sur y de la producción de harina de pescado en Perú.
Ng Joo Siang, de 52 años, egresado de la Universidad del Estado de Luisiana (EE.UU.), obsesionado con el golf y de aspecto jovial, dirige PacAndes como la empresa familiar que en realidad es, a pesar de su cotización en el mercado de valores.
Su padre, malayo de origen chino, se mudó junto a su familia a Hong Kong, donde creó su propio negocio de pescado en 1986. Cuando el consejo de administración se reúne en una sencilla sala de conferencias con vistas al puerto, su retrato contempla desde arriba a su viuda, la actual presidenta, a sus tres hijos y a su hija.
“Mi padre me dijo que los recursos de los océanos eran ilimitados”, dijo Ng en una entrevista, “pero era una afirmación falsa. Nosotros no queremos destruir los recursos, no queremos ser acusados de esquilmarlos. No creo que a nuestros inversores les agrade eso. Tampoco les iba a gustar a nuestros hijos”.
No obstante, muy a su pesar, reconoce que PacAndes se enfrenta al difícil reto de mejorar su imagen pública. En 2002, una compañía afiliada a PacAndes fue acusada de practicar pesca ilegal en la Antártida. Ng niega que su empresa estuviera implicada en conductas indebidas o que tuviera relación alguna con los barcos sospechosos de estar involucrados en esos hechos.
En aquellos días, según la versión contada al ICIJ por diplomáticos neozelandeses, un abogado ruso que trabajaba para la compañía supuestamente amenazó a un empresario de la industria pesquera de Auckland mostrándole fotografías de su familia.
Consultado sobre esta cuestión, Ng negó que el episodio hubiera ocurrido y calificó el asunto como una nueva difamación divulgada por gente molesta con el éxito de PacAndes.
Empeñado en ofrecer una mejor imagen, Ng contrató a nuevo ejecutivo para hacerse cargo de la responsabilidad social corporativa y dijo que quiere llevar científicos a bordo de sus barcos para ayudar a proteger los recursos pesqueros.
Sin embargo resopló cuando se le preguntó por el límite de 520.000 toneladas recomendado por la SPRFMO para la captura de jurel. “¿En qué se basan?”, replicó. Alzó un dedo humedecido como si fuera a comprobar la dirección del viento y dijo: “¿En esto?” “No se basan en la ciencia”, recalcó Ng. Y añadió: “La SPRFMO carece de argumentos científicos. ¿Cuánto dinero han aportado Vanuatu o Chile o cualquier otro país para comprender algo sobre las pesquerías?”
Chile, de hecho, invirtió 10,5 millones de dólares en 2011 en el IFOP, su reputado instituto científico, lo que equivale a la cuarta parte de su presupuesto total de pesca. En las intrigas de las políticas pesqueras, PacAndes se alinea con Perú, país en el que opera 32 barcos y donde posee una participación en la cuota de anchoveta, otra especie usada para producir harina de pescado.
Ng dice que el Lafayette enarbola bandera rusa porque así se perfecciona una vieja idea soviética: un buque nodriza que permanece fijo en un lugar aspira pescado llevado por una flota de barcos pesqueros para procesarlo a bordo.
Expertos de la industria sospechan que es otra la razón por la que ese buque factoría lleva pabellón de Rusia: la manera opaca de hacer negocios en ese país.
El Lafayette no puede pescar por sí solo, precisó Ng, pero puede hacerlo junto a otro barco. Según Ng, el sistema consiste en que uno de los dos extremos de la red de arrastre es amarrado al Lafayette y el otro a un segundo barco que finalmente cobra la captura. En enero de 2010, una inspección francesa en Tahití no encontró aparejos de pesca a bordo del Lafayette.
Este asunto ocupa un lugar central en una reciente polémica surgida dentro de la incipiente SPRFMO. La organización está ahora asignando nuevas cuotas voluntarias en función de las capturas realizadas en 2010. En ese año, tanto Rusia como Perú reivindicaron unas capturas de 40.000 toneladas que parecen corresponder a la misma partida. Los rusos dicen que el Lafayette estuvo pescando mientras enarbolaba su bandera. Por su lado, los peruanos defienden que los arrastreros que realmente capturaron ese pescado operaron bajo su pabellón.
El poder cuenta en Chile
La crisis del jurel ha golpeado con extrema dureza a Chile, donde los principales industriales y las autoridades reconocen los graves excesos cometidos durante los años donde no había control, una época que ellos llaman “la carrera olímpica”.
Sólo en 1995, los chilenos pescaron más de cuatro millones de toneladas. Esa cifra es ocho veces superior a la cantidad que los científicos de la SPRFMO recomendaron desembarcar en 2012 para que la pesquería sea sostenible. Entre los años 2000 y 2010, Chile descargó en sus puertos el 72 por ciento del total de jurel extraído en el Pacífico Sur.
Juan Vilches es patrón de pesca. Su trabajo consiste en buscar cardúmenes de peces para una gran compañía. Es también biólogo marino. Se estremece al recordar tiempos pasados. “La matanza era tremenda, increíble”, afirma Vilches.
“Nadie tenía ni idea de los límites”, admite el patrón. “Si las redes subían demasiado llenas y la captura excedía la capacidad de la bodega, arrojábamos toneladas por la borda. Los barcos venían tan cargados que el pescado llegaba apachurrado y su sangre estaba tan caliente que hervía a borbotones”, sostiene Vilches.
Ahora la situación ha cambiado. Sin embargo, el ICIJ, en colaboración con el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) de Chile, siguió la pista a ocho grupos que conforman un monopolio de facto de la pesquería y que han presionado al gobierno para que estipule cuotas por encima de la recomendación científica. Seis de esos ocho grupos están controlados por poderosas familias. Y en conjunto, las ocho, poseen el 87 por ciento de la cuota de captura del jurel en Chile.
Roberto Angelini, de 63 años, controla el norte. Es conocido como “El Heredero” por haber sucedido a su tío Anacleto, a quien Forbes situó en su ranking de 2007 como el hombre más rico de Sudamérica, precisamente el año en que falleció.
Anacleto había emigrado desde Italia en 1948. En 1976, incorporó el negocio de la pesca a un imperio que a día de hoy incluye la mayor compañía petrolífera de Chile, explotaciones mineras y forestales, además de otros intereses. Las dos empresas pesqueras de Angelini poseen el 29,3 por ciento de la cuota de jurel fijada por el gobierno chileno.
Además suministran el 5,5 por ciento del total de harina de pescado mundial.
Según un informe del gobierno chileno, cerca del 70 por ciento del jurel capturado entre 1998 y 2011 en el feudo norteño de Angelini estaba por debajo de la talla mínima permitida. De acuerdo con la legislación vigente, la mitad de esas extracciones sería ilegal. Pero los funcionarios del gobierno dicen que en el norte las capturas entran en la categoría especial de “pesca de investigación” y, por tanto, están exentas de la ley que regula el tamaño. Angelini rehusó hacer comentario alguno para este reportaje.
En la Universidad de Concepción, el tono suave del biólogo marino Eduardo Tarifeño se agria cuando se habla de la depredación de los océanos.
En Chile, la única especie relativamente abundante es la sardina, según Tarifeño. “Ya no tenemos jurel ni merluza ni anchoveta. Las pesquerías que producían un millón o más de toneladas anualmente simplemente se han agotado debido a la sobrepesca llevada a cabo por las grandes compañías”, criticó el biólogo.
Tarifeño es uno de los dos científicos que forman parte del Consejo Nacional de Pesca chileno (CNP), el organismo que aprueba las cuotas de captura. Allí se vota por mayoría. El 60 por ciento de sus miembros pertenecen a la industria.
Anualmente, el IFOP, instituto oficial encargado de la investigación pesquera, recomienda una cuota a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, departamento que a su vez propone su propia cifra. Si el CNP la rechaza, el nuevo límite de explotación equivaldría al 80 por ciento de la cuota del año anterior.
En 2009, el IFOP urgió a adoptar un drástico recorte que establecía un límite de capturas de jurel de 750.000 toneladas, según la organización ecologista sin fines de lucro Oceana, que examina las cifras de cuota sin publicar. Subpesca la amplió hasta las 1,4 millones de toneladas y el CNP la aprobó.
Mientras que el stock de jurel se desploma, los funcionarios y los empresarios de la industria se lanzan acusaciones mutuas por no haber adoptado, con mayor celeridad y firmeza, medidas para la reducción de las cuotas.
Se espera que este año se apruebe una nueva ley de pesca que quitará atribuciones al CNP y se las otorgará a un panel de expertos. Sin embargo, Tarifeño insiste en que ya es demasiado tarde para cualquier cosa que no sea tomar medidas drásticas. Comentó al ICIJ: “Si no salvamos el jurel ahora mismo, no seremos capaces de hacerlo en el futuro. Necesitamos que se adopte la total prohibición de su pesca durante al menos cinco años”.
Desde la secretaría de pesca de Valparaíso, Italo Campodónico reflexiona sobre este asunto y añade: “Como biólogo marino, tengo que estar de acuerdo. Deberíamos establecer una veda de cinco años. Pero como funcionario, debo ser realista. Por razones socioeconómicas, no va a suceder. La realidad es que los extranjeros pueden ir a pescar a otras aguas. Nosotros no”.
La ‘evaporación’ de la anchoveta del Perú
El Perú es la segunda potencia pesquera mundial, sólo superada por China. En el destartalado puerto de Chimbote, el mayor del país, se descarga más pescado en un año que lo que toda la flota española captura en ese mismo periodo.
El problema no radica exclusivamente en la sobrepesca del jurel, sino también en la sobreexplotación de la anchoveta, un pez que se parece a una sardina con el tamaño de una anchoa y que es un recurso fundamental para elaborar las harinas de pescado usadas en la acuicultura.
La anchoveta peruana es la mayor pesquería mundial. Si las exportaciones de harina de pescado son un gran negocio en Chile ─cerca de 535 millones de dólares anuales─, en el Perú representan el triple de ese valor: 1.600 millones de dólares al año.
Puedes oler Chimbote mucho antes de verlo. Hieden las nubes de humo negro grasiento que emanan de un bosque de chimeneas. Barcas artesanales se balancean sobre el agua en un trasiego continuo alrededor de los maltrechos muelles.
La legislación nacional vigente define claramente lo que supuestamente tiene que ocurrir cuando los barcos arriban a puerto con pescado a bordo. Pero cuando se le pregunta a un par de viejos pescadores cuándo fue la última vez que vieron inspectores, se miran uno a otro y se ríen.
El ICIJ, en colaboración con el grupo de periodismo de investigación peruano IDL-Reporteros, obtuvo una serie de documentos de la base de datos oficial de capturas que revelan el alcance real del fraude que se comete al otro lado de las puertas de las fábricas.
El análisis exhaustivo de más de 100.000 descargas entre 2009 y la primera mitad de 2011 halló que la mayoría de las compañías peruanas que elaboran harina de pescado sistemáticamente hacen trampas en la mitad de los desembarques. En algunos casos, declaran capturas por un valor inferior al 50 por ciento del real.
Este fraude permite a las compañías pescar más de lo autorizado por las cuotas establecidas, además de darles la posibilidad de evadir el pago de impuestos y de los aranceles establecidos por tonelada, o de abonar menos salario a los pescadores que reciben un porcentaje sobre las capturas.
En total, al menos 630.000 toneladas de anchoveta ─con un valor de casi 200 millones de dólares en harina de pescado─ “se evaporaron” en el proceso de pesaje en un periodo de dos años y medio. Simplemente no fueron contabilizadas. Los principales infractores son de nacionalidad peruana, pero la lista también incluye a la empresa China Fishery Group de PacAndes y a otras tres compañías con capitales noruegos.
Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, la principal asociación de industriales, minimizó los hallazgos de la investigación y aseguró que un cálculo a ojo del patrón no se puede comparar con la balanza. China Fishery Group denegó cualquier tipo de entrevista.
Patricia Majluf, vicepresidenta del prestigioso Instituto del Mar del Perú (Imarpe), hizo una descripción a ICIJ de lo que ella asegura son innumerables métodos usados por los pescadores y las plantas de harina de pescado para cometer fraude en el pesaje, evadir impuestos, reducir costes y violar la legislación vigente.
Si acaso se las descubre en infracción, precisó Majluf, las compañías pueden demorar el pago de las sanciones durante cuatros años y finalmente sólo abonan una fracción de las multas impuestas.
A pesar de su sólida reputación, las recomendaciones del Imarpe para lograr una disminución monitorizada de la actividad pesquera siguen siendo ignoradas.
¿Salvar a los peces o a la industria?
Roberto Cesari, jefe de la delegación de la en la SPRFMO, que se reúne la semana próxima, manifestó al ICIJ que espera que la convención se ratifique en 2013, no antes. En ese caso, esto sucedería después de siete años de un vertiginoso deterioro del stock de jurel.
La SPRFMO recortó las cuotas voluntarias en un 40 por ciento para 2011. Sin embargo, China, entre otros países, no aceptó el acuerdo. A posteriori Pekín acordó reducirlas en un 30 por ciento.
Cesari apuntó que la UE intenta ejercer presión para alcanzar un necesario consenso o para resolver el conflicto, pero su influencia es limitada. “Hemos venido expresando oficialmente nuestra decepción a China o Rusia, pero como puedes entender, estos no son actores menores en el mundo… Son gigantes”, admitió Cesari.
Bill Mansfield, un abogado neozelandés que preside la SPRFMO desde 2006, manifestó que las restricciones voluntarias no han protegido las poblaciones de peces, por lo que ha llegado el momento de que la convención entre en vigor. Recalcó que la reunión de Santiago debería limitar las capturas de 2012 a 390.000 toneladas o menos. “La realidad es que todos necesitan tomarse en serio las restricciones si quieren que esta especie regrese”, dijo al ICIJ sin mencionar el nombre concreto de ningún país que haya obstaculizado la adopción de reducciones drásticas.
Los funcionarios públicos evitan señalar con el dedo a nadie, pero dos excéntricos ex marineros que viven enfrascados en sus ordenadores en islas diminutas situadas en polos opuestos del mundo ─no se conocen el uno al otro─ no tienen reparos en denunciar los efectos de las grandes flotas subvencionadas. No se conocen, pero su discurso es el mismo.
Gunnar Album vive cerca de la ciudad noruega de Bodø, situada por encima del Círculo Polar Ártico. Desde allí dirige la Fundación TM y hace trabajos de consultoría para The Pew Charitable Trusts*. Cuando no está de viaje en encuentros internacionales, compagina su tiempo entre el cuidado de sus pollos y la llama que tiene para ahuyentar a los zorros y el análisis de datos obtenidos vía satélite para rastrear la actividad de los barcos pesqueros.
Album dice que las ayudas estatales han creado tanta capacidad pesquera que los grandes arrastreros están obligados a pescar lo máximo que pueden para recuperar la inversión realizada.
“Estos buques recorren los océanos en busca de cualquier pescado disponible, originando sobrepesca y ejerciendo una presión insoportable sobre los gobiernos que intentan gestionar los recursos”, afirma Album.
Martini Gotje hace más o menos lo mismo que Album pero desde la idílica isla neozelandesa de Waiheke, cerca de Auckland. Es un expatriado holandés que formaba parte de la tripulación del Rainbow Warrior de Greenpeace cuando fue hundido por los servicios secretos franceses en 1985.
Gotje elabora una lista negra de barcos para Greenpeace que ayuda a los ecologistas y a las autoridades. Al igual que Album, critica sobre todo la sobrecapacidad ─que es legal pero devastadora.
Señala que la prioridad debería ser salvaguardar la vida de las especies marinas, no la industria pesquera. “El Lafayette ha subido el listón a un nivel increíble, y Holanda está muy involucrada en ese juego”, señala Gotje. Y concluye: “Hay demasiados barcos, simplemente hay demasiados barcos”.
Al final, argumenta el oceanógrafo Pauly, esta tendencia mundial no cambiará a menos que una gran potencia ─la Unión Europea o los Estados Unidos─ adopte medidas resolutivas. “Alguien tendrá que asumir esa autoridad moral y otros le seguirán”, observa Pauly.
Duncan Currie, abogado medioambientalista residente en Nueva Zelanda que trabaja en la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos, ve en el caso del jurel un buen ejemplo para explicar lo que está sucediendo. Esta especie se agrupa en cardúmenes en áreas marinas bien definidas. Además, no son muchas las flotas que lo persiguen.
Currie concluye: “Hay que plantearse una cuestión obvia, si no podemos salvar esta especie, ¿qué podemos salvar entonces?”.
Milagros Salazar (Perú), Juan Pablo Figueroa Lasch (Chile), Joop Bouma (Holanda) e Irene Jay Liu (Hong Kong) han colaborado en la redacción de este artículo.
*En el pasado, el ICIJ recibió una ayuda económica de The Pew Charitable Trusts.
